Educación saca a licitación el nuevo contrato de auxiliares por 79 millones de euros

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha iniciado el procedimiento de licitación del nuevo contrato de auxiliares educativos, con un presupuesto de 79.818.334,74 euros para los próximos tres años.

El servicio está destinado a prestar los apoyos necesarios al alumnado con discapacidad, trastorno del espectro del autismo (TEA), trastornos graves de conducta (TGC) y especiales condiciones de salud escolarizado en los centros docentes públicos de Canarias. Su finalidad es atender las necesidades que presenta este alumnado durante su jornada escolar y favorecer su inclusión y participación en el sistema educativo ordinario.

El contrato tendrá una vigencia máxima de tres años, con una inversión de 26.606.111,58 euros en cada una de las tres anualidades, correspondientes a diez meses de prestación del servicio en 2027, 2028 y 2029. La duración de la prestación podrá alcanzar un máximo de cinco años en el caso de que se acuerden las correspondientes prórrogas.

El procedimiento permitirá, además, regularizar la prestación de un servicio cuyo contrato se encuentra en situación de nulidad desde 2021. La licitación pone fin así a una situación que se prolonga desde la pasada legislatura y dota al servicio de un marco contractual para los próximos años. Entre las principales mejoras previstas figura la ampliación de la cobertura, tanto durante la jornada escolar como en otras actividades organizadas por centros. Además, se incorporan medidas para agilizar las sustituciones y dar respuesta a las necesidades de apoyo que puedan surgir a lo largo del curso.

Sobre este tema, Poli Suárez destacó que “con esta licitación damos respuesta a una situación que llevaba pendiente desde hace demasiado tiempo y lo hacemos garantizando la continuidad de un servicio esencial para nuestro alumnado y sus familias, con un marco estable”, al tiempo que recalcó que “no solo supone renovar el contrato, sino aprovechar esa renovación para mejorar sus condiciones, algo necesario y ampliamente demandado, y adaptarlo a las necesidades reales de los centros”.

Suárez subrayó, además, que no se trata de un esfuerzo aislado. “Hemos trabajado durante toda la legislatura para reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, para que ese incremento en la inversión se traduzca en una mejor atención”, apuntó el consejero, recordando que “hemos aumentado el número de auxiliares, incorporado más docentes, y hemos aumentado recursos y servicios para que cada niño y niña tenga la respuesta que necesita”.
Más horas y servicios

Entre las principales novedades del nuevo contrato se encuentra el incremento del tiempo máximo de permanencia diaria del personal en los centros, que pasa de cinco a 6,5 horas, lo que permitirá ampliar la cobertura de las necesidades del alumnado durante la jornada escolar.

A ello se suma la incorporación de la atención durante el servicio de comedor escolar, que hasta ahora no estaba incluida en el contrato, así como la prestación de apoyos en las residencias escolares que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales.

Al mismo tiempo, el nuevo contrato refuerza las actividades complementarias y extraescolares, de tal manera que los profesionales puedan acompañar al alumnado que necesite estos apoyos en las actividades organizadas por los propios centros, incluidas aquellas que se desarrollen fuera del horario lectivo o que requieran pernoctación, como acampadas, convivencias o viajes de estudios. Con esta mejora, se pretende que la necesidad de asistencia no limite la participación del alumnado en este tipo de actividades, pudiendo así tomar parte en ellas en las mismas condiciones que el resto. 

Del mismo modo, otra de las novedades del contrato está relacionada con la garantía de las sustituciones y la puesta en marcha de nuevos servicios. La empresa adjudicataria deberá contar con los mecanismos y recursos necesarios para responder a las necesidades que puedan surgir durante el curso, garantizar la cobertura del servicio en todas las islas y asegurar la continuidad de la atención cuando se produzcan ausencias del personal. Esta capacidad de respuesta tiene un peso específico en la propia adjudicación: la gestión de las sustituciones se valorará con hasta quince puntos y la de nuevos servicios, con otros quince, siendo los dos criterios con mayor puntuación del procedimiento.

El nuevo contrato refuerza también la coordinación y el seguimiento del servicio en los centros educativos e incorpora formación obligatoria para el personal encargado de su prestación. Entre los criterios que se tendrán en cuenta para su adjudicación figura la implantación de un sistema de control en línea de la asistencia del personal, valorado con hasta diez puntos. Asimismo, se tendrá en cuenta que las empresas dispongan de más de dos coordinadores o coordinadoras para la ejecución del contrato, así como el número de visitas mensuales que estos profesionales realicen a cada centro educativo.

De esta forma, la calidad y la organización de la prestación tendrán un peso mayor que el precio a la hora de resolver la licitación. En concreto, sesenta de los cien puntos corresponden a criterios cualitativos, mientras que los cuarenta restantes se asignan a la oferta económica. La gestión de las sustituciones y de los nuevos servicios concentra treinta de esos sesenta puntos, mientras que los otros treinta se reparten entre el control de asistencia del personal, la disponibilidad de coordinadores adicionales y la frecuencia de las visitas de coordinación a los centros.

Doble de inversión

El nuevo contrato, cuya licitación se tramitará mediante procedimiento abierto y está previsto que comience a prestarse en 2027 una vez completado el proceso de adjudicación, supone un importante incremento de los recursos destinados a este servicio durante la actual legislatura. La previsión de 26,6 millones de euros para 2027 supone más del doble de los trece millones destinados al servicio externo de auxiliares educativos en 2023 y da continuidad al crecimiento presupuestario registrado durante los últimos cursos.

Esta financiación permitirá atender un servicio cuya demanda no permanece invariable a lo largo del tiempo. Las necesidades dependen de las características del alumnado escolarizado en cada momento y pueden hacer necesaria la incorporación de nuevos apoyos durante el curso, circunstancia que se tiene en cuenta en el diseño del nuevo contrato.

El 85 por ciento de esta inversión estará financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), a través de la prioridad ‘Garantía Infantil’ y, dentro de ella, de las medidas de apoyo destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Esta licitación se enmarca en el trabajo realizado por el área que dirige Poli Suárez para incrementar los recursos destinados a la atención a la diversidad durante la presente legislatura. En este sentido, Canarias cuenta este curso con 3.726 docentes dedicados a la atención a la diversidad, frente a los 2.638 del curso 2023/24, para lo cual se ha destinado una inversión de 52 millones de euros. También se ha incrementado el número de auxiliares, que pasa de 941 a comienzos del curso 2022/23 a los 1.907 que componen el sistema a 30 de septiembre de este curso.  

A estos recursos cabe sumar la creación de 48 nuevas aulas Enclave, hasta situar la red en 382 activas, así como la incorporación este curso del nuevo Centro de Educación Especial (CEE) en Adeje, que da respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa del sur de Tenerife. Asimismo, este curso se ha establecido una asignación de doscientos euros por estudiante para sufragar la adquisición de materiales y recursos específicos destinados a su atención educativa. La medida beneficia a 869 alumnos y alumnas de los quince centros de Educación Especial de Canarias y supone una inversión de 173.800 euros.

El refuerzo de estos recursos responde a la necesidad de ofrecer una atención más individualizada y ajustada a las necesidades de cada alumno o alumna. En este sentido, la ampliación de plazas, aulas Enclave o centros de Educación Especial no persigue aumentar la escolarización en modalidades específicas, sino reducir ratios, mejorar la calidad de la atención y acercar los recursos a las zonas donde existe esa necesidad, evitando además, siempre que sea posible, largos desplazamientos del alumnado y sus familias. Todo ello forma parte de un modelo de inclusión que contempla diferentes respuestas y apoyos en función de las necesidades de cada estudiante.