La Fiscalía pide hasta seis años de prisión a gestores de productos inmobiliarios tóxicos
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido que se le imponga a un gestor inmobiliario seis años de prisión y un año a cada uno de los otros cuatro, al considerarlos autores del delito de apropiación indebida en la compra y venta de productos considerados “tóxicos”.
El Ministerio Público igualmente solicita el pago global de indemnizaciones que suman 148.000 euros a dos particulares y un matrimonio que presentaron una denuncia por considerarse estafados.
Uno era propietario de la empresa, otro ejercía de administrador, dos eran socios y otro vendedor, a todos los cuales la Fiscalía les atribuye haberse puesto de acuerdo para vender viviendas de bancos pensados que éstos iban a aceptar las ofertas a la baja dado que se trataba de productos conocidos como “tóxicos”.
Al no prosperar sus intenciones entonces el negocio comenzó a frustrarse y no pudieron cumplir con los compromisos que habían adquirido con sus clientes.
Uno de los compradores fue convencido para entregar 9.800 euros en la oficina de la inmobiliaria, otro hizo lo propio con 16.000 y un matrimonio 13.000 euros, garantizándoles a todos ellos que se les iban a devolver las cantidades si no prosperaba el negocio.
Sin embargo, una vez recibido el dinero y no poder cumplir sus compromisos por las negativas de los bancos, éste fue repartido entre ellos de manera pero sólo uno se quedó con el 50% y los demás con el resto.
A continuación los compradores reclamaron la devolución del dinero y luego presentaron una denuncia ante la Guardia Civil y la Policía de manera que sería entonces cuando recibieron abonos parciales.
Cuatro devolvieron 29.000 euros en cantidades que oscilaban entre un máximo de 8.000 y un mínimo de 2.450 mientras que el último encausado se quedó con todo el dinero entregado.
Este último además usó un poder notarial para transferir a su cuenta 35.000 euros, hizo efectivo un cheque por valor de 7.500 euros y se quedó con 15.000 en efectivo.
Además, se apropió de otros 5.000 euros y 80.000 que le confió el matrimonio, al igual que en todos los demás casos para adquirir y reformar viviendas.
Con respecto a los cuatro encausados a los que se le solicita una pena menor, la Fiscalía acepta que se tenga en cuenta la atenuante de reparación parcial del daño al haber devuelto las mencionadas cantidades.
En cuanto al considerado responsable principal, el Ministerio Público solicita que se le imponga también una multa de 3.600 euros.
El juicio está previsto que tenga lugar el día 19 de octubre en la sede de la Audiencia Provincial tinerfeña.
El Ministerio Público igualmente solicita el pago global de indemnizaciones que suman 148.000 euros a dos particulares y un matrimonio que presentaron una denuncia por considerarse estafados.
Uno era propietario de la empresa, otro ejercía de administrador, dos eran socios y otro vendedor, a todos los cuales la Fiscalía les atribuye haberse puesto de acuerdo para vender viviendas de bancos pensados que éstos iban a aceptar las ofertas a la baja dado que se trataba de productos conocidos como “tóxicos”.
Al no prosperar sus intenciones entonces el negocio comenzó a frustrarse y no pudieron cumplir con los compromisos que habían adquirido con sus clientes.
Uno de los compradores fue convencido para entregar 9.800 euros en la oficina de la inmobiliaria, otro hizo lo propio con 16.000 y un matrimonio 13.000 euros, garantizándoles a todos ellos que se les iban a devolver las cantidades si no prosperaba el negocio.
Sin embargo, una vez recibido el dinero y no poder cumplir sus compromisos por las negativas de los bancos, éste fue repartido entre ellos de manera pero sólo uno se quedó con el 50% y los demás con el resto.
A continuación los compradores reclamaron la devolución del dinero y luego presentaron una denuncia ante la Guardia Civil y la Policía de manera que sería entonces cuando recibieron abonos parciales.
Cuatro devolvieron 29.000 euros en cantidades que oscilaban entre un máximo de 8.000 y un mínimo de 2.450 mientras que el último encausado se quedó con todo el dinero entregado.
Este último además usó un poder notarial para transferir a su cuenta 35.000 euros, hizo efectivo un cheque por valor de 7.500 euros y se quedó con 15.000 en efectivo.
Además, se apropió de otros 5.000 euros y 80.000 que le confió el matrimonio, al igual que en todos los demás casos para adquirir y reformar viviendas.
Con respecto a los cuatro encausados a los que se le solicita una pena menor, la Fiscalía acepta que se tenga en cuenta la atenuante de reparación parcial del daño al haber devuelto las mencionadas cantidades.
En cuanto al considerado responsable principal, el Ministerio Público solicita que se le imponga también una multa de 3.600 euros.
El juicio está previsto que tenga lugar el día 19 de octubre en la sede de la Audiencia Provincial tinerfeña.
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