Aprobados decretos de los últimos siete expedientes de la moratoria turística
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves los decretos para la ejecución de las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictadas en relación a la moratoria turística por las que el Gobierno deberá expropiar o indemnizar a los afectados, según ha indicado su portavoz, Julio Pérez.
Los decretos aprobados se refieren a siete expedientes relativos a 111 parcelas ubicadas en los términos municipales de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, ambos en Gran Canaria.
Las entidades implicadas, en estos casos específicos, han sido Aldiana Fuerteventura, Katanga Inversiones, Unimadoc, Hijos de Francisco López Sánchez, Satocan y Técnicos y Servicios Insulares.
La cifra total que piden los demandantes para los expedientes que se tramitan hoy es de 80,5 millones de euros.
En ellos se establece el deber de las referidas entidades locales de proceder a la modificación del planeamiento general o parcial en el que se ubican las parcelas afectadas para su reclasificación a suelo rústico común, en la subcategoría que corresponda conforme a su destino.
En este sentido, se fija un plazo de seis meses para que las corporaciones municipales adopten la modificación de la clasificación de la parcela mediante la modificación puntual del instrumento de ordenación.
Además, se advierte a los ayuntamientos de que, transcurrido el plazo así fijado sin que se hubieran iniciado o concluido los correspondientes procedimientos, la Consejería con competencias en materia de ordenación urbanística y territorial procederá a la modificación omitida.
El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, ha informado de que aún no se ha procedido a indemnizar a ninguno de los afectados por estas sentencias como consecuencia de la moratoria turística.
Ha recordado que se ha creado una comisión de trabajo interdepartamental en el Gobierno para abordar las indemnizaciones reclamadas por los afectados, algunas "muy elevadas" y con las que la Consejería de Transición Ecológica discrepa por entender que la cuantía que les corresponde es menor, al tiempo que ha insistido en que la administración podrá indemnizar o expropiar, una vez valorado el perjuicio ocasionado.
Así mismo, Pérez ha dicho que desconoce si los ayuntamientos afectados por anteriores sentencias han procedido al cambio de calificación que se les exige.
Los decretos aprobados se refieren a siete expedientes relativos a 111 parcelas ubicadas en los términos municipales de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, ambos en Gran Canaria.
Las entidades implicadas, en estos casos específicos, han sido Aldiana Fuerteventura, Katanga Inversiones, Unimadoc, Hijos de Francisco López Sánchez, Satocan y Técnicos y Servicios Insulares.
La cifra total que piden los demandantes para los expedientes que se tramitan hoy es de 80,5 millones de euros.
En ellos se establece el deber de las referidas entidades locales de proceder a la modificación del planeamiento general o parcial en el que se ubican las parcelas afectadas para su reclasificación a suelo rústico común, en la subcategoría que corresponda conforme a su destino.
En este sentido, se fija un plazo de seis meses para que las corporaciones municipales adopten la modificación de la clasificación de la parcela mediante la modificación puntual del instrumento de ordenación.
Además, se advierte a los ayuntamientos de que, transcurrido el plazo así fijado sin que se hubieran iniciado o concluido los correspondientes procedimientos, la Consejería con competencias en materia de ordenación urbanística y territorial procederá a la modificación omitida.
El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, ha informado de que aún no se ha procedido a indemnizar a ninguno de los afectados por estas sentencias como consecuencia de la moratoria turística.
Ha recordado que se ha creado una comisión de trabajo interdepartamental en el Gobierno para abordar las indemnizaciones reclamadas por los afectados, algunas "muy elevadas" y con las que la Consejería de Transición Ecológica discrepa por entender que la cuantía que les corresponde es menor, al tiempo que ha insistido en que la administración podrá indemnizar o expropiar, una vez valorado el perjuicio ocasionado.
Así mismo, Pérez ha dicho que desconoce si los ayuntamientos afectados por anteriores sentencias han procedido al cambio de calificación que se les exige.
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