El Gobierno estudia crear policías interinos ante la demanda de los alcaldes

Julio Pérez, que también es el consejero autonómico de Justicia y Seguridad, ha hablado en el Parlamento regional sobre el anteproyecto de Ley de Ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales canarias a petición de la diputada del grupo Mixto Vidina Espino, quien ha afirmado que el texto es un error y un retroceso para la protección ciudadana.

Vidina Espino ha indicado que el anteproyecto ha generado malestar entre las policías locales por las formas, al no ser informados sus representantes sindicales, y en el fondo por los aspectos esenciales que aborda esta norma, llamada a sustituir a la vigente desde 1997.

Y lo que no es aceptable bajo ningún concepto, ha continuado la parlamentaria, es la figura del policía interino, algo "chocante" viniendo de una Consejería que debe proceder a la estabilización de los empleados públicos temporales, al tiempo que se introduce además al vigilante municipal, que no podrá portar armas de fuego, en los municipios con insuficiente dotación de policías.

"Están intentando con esta ley poner parches en los municipios donde no han podido sacar plazas de policías en años con el objetivo de tapar los agujeros al alcalde de turno", ha criticado Espino.

El consejero ha precisado que en el texto caben modificaciones pero también ha puntualizado que se trata de una ley, no de un convenio colectivo porque "no nos tenemos que ocupar de las condiciones laborales de la policía ni hay por qué llegar a un consenso. Eso es un espejismo".

No obstante, ha admitido que no es partidario de que haya policías interinos, una figura que el Tribunal Constitucional ve legal pero que el consejero entiende que "no es bueno", igual que no hay guardias civiles ni militares interinos.

El problema de fondo es la carencia de efectivos y el Gobierno regulará en qué condiciones excepcionales y circunstanciales podrán nombrarse policías interinos, algo que "me gustaría que no ocurriera nunca", ha añadido Pérez, quien comprende que los alcaldes "se desesperan" por los largos procesos selectivos y por ello demandan esta figura.

A su juicio otro problema es que la ley de 1997 "desdibujó" la jerarquía entre alcaldes y jefes de policía y ello crea problemas de organización, motivados por el hecho de que la citada norma "los igualó".

Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, ha pedido realizar el esfuerzo necesario para que salga la mejor ley posible involucrando a los representantes sindicales y a la Federación Canaria de Municipios, para señalar que en una reunión con jefes de policía local también le expresaron su descontento con el anteproyecto de ley.

El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz ha opinado que se podía haber partido como base de lo consensuado en la anterior ley y ha expresado su preocupación por la coordinación entre municipios y la posible cesión de efectivos entre ellos.

Luis Campos, de Nueva Canarias, ha dicho que se necesita dar un salto a una ley más avanzada aprendiendo de los errores y de los aciertos y ha considerado que lo más importante no son las reivindicaciones sectoriales sino el servicio público que se desempeña para la ciudadanía, aunque ha alentado a dialogar y buscar todo el consenso posible.

Por el grupo Popular Luz Reverón se ha mostrado "totalmente en contra" de la creación de policías interinos, puesto que la carrera de policía local debe corresponder a la de un funcionario, y también ha coincidido en que no tiene sentido regular esta figura cuando al mismo tiempo la Consejería debe estabilizar el empleo público temporal.

El diputado del grupo Nacionalista Canario Mario Cabrera ha indicado al respecto que esta figura es "la que más ampollas" está generando y ha señalado que el problema radica en que el Gobierno canario "no escucha" ni atiende a las demandas de participación por parte de los sindicatos policiales.

El socialista Mauricio Roque ha precisado que el anteproyecto se encuentra en la fase de audiencia pública, en la que los sindicatos podrán presentar alegaciones, y se ha de presumir por ello que se ha cumplido "escrupulosamente" con el procedimiento hasta el momento, por lo que ahora queda elaborar el proyecto de ley para su debate en el Parlamento, en el que también se abrirá el correspondiente proceso de enmiendas.