Piden 11 años para dos acusados de violar a una menor en Gran Canaria

Según el escrito del Ministerio Fiscal, esa noche los acusados Miguel Ángel L.A. y Jesús Alexander O.D., conocieron en un pub a la menor, quien se encontraba en el local con personas de su entorno y estuvo bailando con los procesados, uno de los cuales le propuso que fueran al baño, a lo que ella se negó.

Conforme a lo que sostiene la acusación pública, unas horas más tarde, cuando la víctima accedió al aseo de caballeros, Miguel Ángel L.A. la empujó contra la pared, cerró la puerta y comenzó a besarla, le retiró el pantalón y las bragas y le introdujo primeramente los dedos y luego sus genitales en la vagina.

Pese a que la menor manifestó en reiteradas ocasiones al procesado que parase, no pudo escapar debido a su corpulencia, según la Fiscalía.

Conforme a lo que sostiene en su escrito, una vez que el procesado se marchó del baño y la menor pudo salir, el otro acusado, con idéntico propósito, la empujó al interior del baño de mujeres, cerró la puerta, le bajó los pantalones y la ropa interior e igualmente la penetró vaginalmente, pese a la negativa reiterada de esta.

En el trascurso de esta agresión, siempre según la versión del Ministerio Fiscal, el procesado sacó su teléfono móvil y comenzó a grabarla.

Ella le pidió que parase y el acusado accedió a borrarlo a cambio de una felación, a lo que accedió en contra de su voluntad debido a la situación de shock en la que se encontraba y a la superioridad física que presentaba el imputado, señala el escrito de la Fiscalía.

En él se indica que ambos procesados abandonaron el establecimiento y que no consta que hubiera acuerdo entre ellos para la comisión de los hechos que se les acusa.

La perjudicada reclama una indemnización debido a las lesiones y al trauma sufrido que el Ministerio Fiscal cifra en 20.000 euros más los intereses legales.

Asimismo, la Fiscalía interesa que se les imponga la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima por un tiempo de 15 años y que se sometan a libertad vigilada por un período de seis años, con la obligación de participar en programas formativos, laborales y de educación sexual.