Juicio por blanqueo se pospone al miércoles, con dos huidos de la Justicia
La Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas ha acordado celebrar el próximo miércoles el juicio previsto para este lunes contra cinco de los ocho acusados de pertenecer a una organización criminal que presuntamente se dedicaba a ocultar y blanquear bienes y dinero procedente del narcotráfico, al estar dos huidos de la Justicia.
La presidenta de la Sección, la magistrada Pilar Parejo, ha adoptado esta decisión al trasladar los abogados de varios de los acusados, entre ellos dos mujeres, la intención de reconocer los hechos y conformarse con una nueva condena inferior a la solicitada inicialmente por la Fiscalía, y querer seguir adelante con el juicio otros tres acusados que mantienen su inocencia.
Así mismo, la magistrada ha señalado la vista para el miércoles debido a que uno de los procesados no se ha presentado este lunes al juicio, S. S., y le ha dado de plazo dos días para que lo haga, y para que otro de los inculpados, M. D., que ha alegado estar enfermo, pueda comparecer de forma telemática.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, que está dispuesta a reducir las condenas que reclama, pide multas por un total de 3,3 millones de euros y entre seis y diez años de prisión a los ocho acusados de Lituania la mayoría (cinco), Venezuela, Guatemala y España.
Los procesados de nacionalidad venezolana, J.E.S., y guatemalteca J.J.M.B. se encuentran en busca y captura al haber huido de la Justicia, según ha indicado a los periodistas la fiscal Inés Herrero.
Las dos mujeres que figuran en la causa, la lituana A.D. y la española M.I.C.Z., según sus abogados, están dispuestas a reconocer los hechos y conformarse con una condena de un año, siete meses y 15 días de cárcel por el delito de blanqueo de capitales y tres meses y un día por el de pertenencia a grupo criminal pero no organizada, al igual que el procesado que ha alegado estar enfermo.
Según el escrito de la Fiscalía, los acusados cuando ocurrieron los hechos residían en Gran Canaria y supuestamente se dedicaron a blanquear dinero obtenido mediante la presunta comisión de delitos contra la salud pública en los años 2014, 2015 y 2016.
Tres de los acusados, sin embargo, niegan los hechos y defenderán su inocencia y pedirán su libre absolución, se trata de los lituanos G.K., S.S. y M.V., cuya abogada de este último además se ha quejado a los periodistas de que la fiscal en un principio le imputaba un delito de blanqueo de capitales como persona jurídica pero le acusa también de pertenencia a organización criminal como persona física.
La abogada de este procesado, que también representa a S.S., ha considerado que la conformidad parcial genera indefensión a sus clientes, cuestión que ha sido rechazada por la fiscal y el tribunal.
Entre las actividades que según la Fiscalía llevaba a cabo el grupo, destaca la introducción de grandes cantidades de dinero en circulación mediante la compra de bienes inmuebles y la apertura de cuentas y productos financieros.
También utilizó, conforme figura en el escrito de acusación, el método conocido como "pitufeo" para captar a una red de personas que realizaran transferencias entre sí y para introducir en el tráfico cantidades menores de dinero que posteriormente eran agrupadas en Sudamérica.
Otra de las actividades ilegales investigadas fue la creación de un entramado empresarial con el que se daba apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas por la comisión de delitos contra la salud pública, entre ellas figura la mercantil Leana Import-Dist-Serv S.L, cuya adquisición de una vivienda en diciembre de 2014 se hizo en representación de la empresa, según sostiene la fiscal.
Con motivo de esta causa se incautaron varios vehículos adquiridos con dinero supuestamente proveniente de actividades delictivas, entre ellos un Nissan X-Trail, un Porsche Cayenne GTS, un Porsche Panamera M1, un BMW X6, dos BMW X3 y un Skoda Octavia.
La mercantil Leana Import Dist-Serv S.L se enfrenta a una multa de cinco años a razón de 365.000 euros y la Fiscalía pide su disolución como empresa mercantil.
La presidenta de la Sección, la magistrada Pilar Parejo, ha adoptado esta decisión al trasladar los abogados de varios de los acusados, entre ellos dos mujeres, la intención de reconocer los hechos y conformarse con una nueva condena inferior a la solicitada inicialmente por la Fiscalía, y querer seguir adelante con el juicio otros tres acusados que mantienen su inocencia.
Así mismo, la magistrada ha señalado la vista para el miércoles debido a que uno de los procesados no se ha presentado este lunes al juicio, S. S., y le ha dado de plazo dos días para que lo haga, y para que otro de los inculpados, M. D., que ha alegado estar enfermo, pueda comparecer de forma telemática.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, que está dispuesta a reducir las condenas que reclama, pide multas por un total de 3,3 millones de euros y entre seis y diez años de prisión a los ocho acusados de Lituania la mayoría (cinco), Venezuela, Guatemala y España.
Los procesados de nacionalidad venezolana, J.E.S., y guatemalteca J.J.M.B. se encuentran en busca y captura al haber huido de la Justicia, según ha indicado a los periodistas la fiscal Inés Herrero.
Las dos mujeres que figuran en la causa, la lituana A.D. y la española M.I.C.Z., según sus abogados, están dispuestas a reconocer los hechos y conformarse con una condena de un año, siete meses y 15 días de cárcel por el delito de blanqueo de capitales y tres meses y un día por el de pertenencia a grupo criminal pero no organizada, al igual que el procesado que ha alegado estar enfermo.
Según el escrito de la Fiscalía, los acusados cuando ocurrieron los hechos residían en Gran Canaria y supuestamente se dedicaron a blanquear dinero obtenido mediante la presunta comisión de delitos contra la salud pública en los años 2014, 2015 y 2016.
Tres de los acusados, sin embargo, niegan los hechos y defenderán su inocencia y pedirán su libre absolución, se trata de los lituanos G.K., S.S. y M.V., cuya abogada de este último además se ha quejado a los periodistas de que la fiscal en un principio le imputaba un delito de blanqueo de capitales como persona jurídica pero le acusa también de pertenencia a organización criminal como persona física.
La abogada de este procesado, que también representa a S.S., ha considerado que la conformidad parcial genera indefensión a sus clientes, cuestión que ha sido rechazada por la fiscal y el tribunal.
Entre las actividades que según la Fiscalía llevaba a cabo el grupo, destaca la introducción de grandes cantidades de dinero en circulación mediante la compra de bienes inmuebles y la apertura de cuentas y productos financieros.
También utilizó, conforme figura en el escrito de acusación, el método conocido como "pitufeo" para captar a una red de personas que realizaran transferencias entre sí y para introducir en el tráfico cantidades menores de dinero que posteriormente eran agrupadas en Sudamérica.
Otra de las actividades ilegales investigadas fue la creación de un entramado empresarial con el que se daba apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas por la comisión de delitos contra la salud pública, entre ellas figura la mercantil Leana Import-Dist-Serv S.L, cuya adquisición de una vivienda en diciembre de 2014 se hizo en representación de la empresa, según sostiene la fiscal.
Con motivo de esta causa se incautaron varios vehículos adquiridos con dinero supuestamente proveniente de actividades delictivas, entre ellos un Nissan X-Trail, un Porsche Cayenne GTS, un Porsche Panamera M1, un BMW X6, dos BMW X3 y un Skoda Octavia.
La mercantil Leana Import Dist-Serv S.L se enfrenta a una multa de cinco años a razón de 365.000 euros y la Fiscalía pide su disolución como empresa mercantil.
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