Dos años de cárcel por vender por su cuenta mercancía de la empresa en la que trabajaba
Un hombre ha aceptado este miércoles una pena de dos años de cárcel y el pago de 64.000 euros como autor de un delito continuado de estafa, que consistía en comprar mercancía a nombre de la empresa del sector de las motos y bicicletas en la que trabajaba y luego venderla a espaldas de sus jefes.
La sentencia de conformidad implica que el joven no entrará en prisión con la condición de no cometer ningún delito durante cinco años, deberá pagar cada mes un mínimo de 1.000 euros y en caso de no hacerlo se le privaría de libertad.
El tribunal advirtió sobre la gravedad del delito cometido dada la elevada cuantía de la responsabilidad civil a la que debe hacer frente y le informó de que se aplicarán los intereses legales, con lo cual la deuda se irá incrementando cuanto más tarde en abonarla.
En principio la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pedía tres años de cárcel y el pago de esta misma cantidad, aunque finalmente accedió a reducir la pena de prisión y alcanzar el acuerdo de conformidad.
El Ministerio Público sostuvo que el ya condenado y otras personas por encargo suyo recogían personalmente los pedidos a los transportistas hechos a nombre de la empresa para evitar que llegaran a las tiendas y luego los vendía en su propio beneficio.
Las facturas generadas por estas adquisiciones eran cargadas en las cuentas corrientes de la entidad mercantil, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, cuyos dueños desconocían las operaciones que se estaban llevando a cabo.
Esta actividad ilícita se extendió a lo largo de seis años, durante los cuales el investigado se hizo con mercancías cuyo valor osciló entre un mínimo de 354 euros y un máximo de 33.804, hasta sumar los mencionados 64.000 euros.
El procesado no tuvo en ningún momento la intención de abonar personalmente el importe de los artículos aunque sí pagó en algunos casos los tributos aduaneros con el fin de evitar que la empresa lo descubriera.
Contó con dos cómplices que recogieron a los transportistas algunos envíos pero se da por probado que ignoraban que se trataba de una actuación ilícita y no recibieron nunca beneficio alguno.
El denunciado era un empleado antiguo que contaba con la confianza plena de la empresa defraudada y precisamente tenía entre los cometidos de su puesto de trabajo realizar los pedidos a los proveedores.
Una vez que la trama salió a la luz la sociedad procedió a denunciarlo en mayo de 2022 y de forma inmediata el trabajador reconoció su autoría en sede policial, judicial y, por último, en la vista oral celebrada este miércoles.
La sentencia de conformidad implica que el joven no entrará en prisión con la condición de no cometer ningún delito durante cinco años, deberá pagar cada mes un mínimo de 1.000 euros y en caso de no hacerlo se le privaría de libertad.
El tribunal advirtió sobre la gravedad del delito cometido dada la elevada cuantía de la responsabilidad civil a la que debe hacer frente y le informó de que se aplicarán los intereses legales, con lo cual la deuda se irá incrementando cuanto más tarde en abonarla.
En principio la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pedía tres años de cárcel y el pago de esta misma cantidad, aunque finalmente accedió a reducir la pena de prisión y alcanzar el acuerdo de conformidad.
El Ministerio Público sostuvo que el ya condenado y otras personas por encargo suyo recogían personalmente los pedidos a los transportistas hechos a nombre de la empresa para evitar que llegaran a las tiendas y luego los vendía en su propio beneficio.
Las facturas generadas por estas adquisiciones eran cargadas en las cuentas corrientes de la entidad mercantil, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, cuyos dueños desconocían las operaciones que se estaban llevando a cabo.
Esta actividad ilícita se extendió a lo largo de seis años, durante los cuales el investigado se hizo con mercancías cuyo valor osciló entre un mínimo de 354 euros y un máximo de 33.804, hasta sumar los mencionados 64.000 euros.
El procesado no tuvo en ningún momento la intención de abonar personalmente el importe de los artículos aunque sí pagó en algunos casos los tributos aduaneros con el fin de evitar que la empresa lo descubriera.
Contó con dos cómplices que recogieron a los transportistas algunos envíos pero se da por probado que ignoraban que se trataba de una actuación ilícita y no recibieron nunca beneficio alguno.
El denunciado era un empleado antiguo que contaba con la confianza plena de la empresa defraudada y precisamente tenía entre los cometidos de su puesto de trabajo realizar los pedidos a los proveedores.
Una vez que la trama salió a la luz la sociedad procedió a denunciarlo en mayo de 2022 y de forma inmediata el trabajador reconoció su autoría en sede policial, judicial y, por último, en la vista oral celebrada este miércoles.
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