Los concursos de acreedores se triplican en Canarias en el tercer trimestre, con 539 casos

El informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", que la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial ha publicado en referencia al tercer trimestre de 2023, revela que el crecimiento de las antiguas quiebras en España fue del 89,7 %. Ello supone que en las Islas aumentaron 176 puntos más que en la media del Estado entre julio y septiembre pasados.

Los datos que maneja el Consejo constatan que Canarias fue la comunidad con el mayor incremento porcentual de peticiones de concurso. La segunda fue Cantabria (261,8 %) y la tercera Murcia (246,5 %).

Los datos apuntan también a que entre julio y septiembre del presente año, Canarias fue la segunda comunidad en volumen de concursos por cada 100.000 habitantes: 24,4, cifra solo superada por Cataluña (32,9). La tercera fue Valencia (22,5).

El segmento donde más estragos causó la crisis económica en el pasado verano en las islas, como ya lo había sido en la primavera, fue en los ciudadanos de a pie.

Si entre julio y septiembre de 2022 en este ámbito se habían registrado 81 presentaciones de declaración de concurso, en el mismo periodo de este año la cifra se elevó a 517, un 538,3 % más.

Ello implica una tasa de 23,4 concursos de esta índole por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de España, por detrás de Cataluña y por delante de Murcia, el mismo orden que se había registrado en la primavera.

En lo que se refiere a concursos de personas jurídicas, en el tercer trimestre de 2023 se computaron en los juzgados de las islas 19 procedimientos, un 58,7 % menos que en el mismo periodo de 2022.

Y los datos que aluden a los concursos de personas naturales empresarias reflejan un decremento del 85 %, de 20 casos en el tercer trimestre de 2002 a tres en el de 2023.

En los procedimientos monitorios (procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento), se acusó un incremento del 13,3 % en el archipiélago: de 13.863 casos entre julio y septiembre de 2022 se pasó a 15.701 en el verano pasado.

Esta cifra pone a Canarias a la cabeza del país en el periodo de estudio en el número de procesos monitorios por cada 100.000 habitantes: 709,5, por delante de Madrid (636,2) y Murcia (582,2).

En cuanto a procedimientos por despido, los juzgados de lo Social de Canarias incoaron en el tercer trimestre de este año 2.488 demandas, un 19,7 % más que en el mismo periodo de 2022 (2.079).

Este dato implica que, como ya sucediera en el análisis sobre todo el año 2022, la tasa de demandas por despido por cada 100.000 habitantes en las islas fue de 112,4, la más alta del país, por encima de Madrid (103,3) y de Cataluña (82,9).

En lo que se refiere a los datos sobre las ejecuciones hipotecarias, estas bajaron en Canarias un 43,4 % en el tercer trimestre de 2023, pasando de 205 en el verano de 2022 a 116 en este último.

Los lanzamientos (desalojo de inmuebles por impagos) bajaron un 30,4 % en el verano pasado en referencia al anterior. Los derivados de la Ley Hipotecaria se redujeron un 14,3 %, y los relativos a incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos, un 31,2 %.

A pesar de ello, Canarias fue en el periodo analizado la comunidad con la tasa más alta de lanzamientos por impago de alquiler por cada 100.000 habitantes: 13,3, por encima de Baleares (13) y Cataluña (12,6).

Los casos de ocupación ilegal de viviendas bajaron un 30,6 % en las islas: de 36 casos en el verano de 2022 a 25 en el de 2023.