"El Servicio Canario de Salud Perdido en la Oscuridad sobre su Propio Personal Funcionario"
Ante la alarmante falta de Inspectores de Salud Pública , la Asociación de Inspectores de Salud Pública, ha emprendido acciones para solicitar, de manera formal, un detallado desglose del personal funcionario, incluyendo los puestos ocupados, una información básica que sorprendentemente parece ser un enigma para el propio servicio.
La respuesta, o mejor dicho, la ausencia de ella, ha desvelado una desconcertante realidad: el Servicio Canario de Salud parece vagar en la oscuridad, desconociendo los detalles de su propia estructura interna. Esta flagrante falta de conocimiento interno ha motivado a la asociación a buscar la intervención del Comisionado de Transparencia, una figura clave en la lucha por un acceso libre y claro a la información pública.
Sin embargo, lejos de encontrar soluciones, lo que se ha revelado es un patrón de inercia y silencio administrativo. Pese a las repetidas oportunidades brindadas por el Comisionado de Transparencia para que el Servicio Canario de Salud presentara alegaciones o simplemente cumpliera con su deber de transparencia, la elección ha sido la inacción, un silencio que resuena con fuerza y profundiza la crisis de confianza en su gestión.
La gravedad de esta situación trasciende el ámbito administrativo. La resolución del Comisionado, que subraya la importancia vital de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, pone de manifiesto la paradoja de un organismo incapaz de cumplir con los más básicos requisitos de gestión de su personal, a pesar de estar financiado por el erario público.
La omisión persistente del Servicio Canario de Salud no solo es un desafío a los principios de transparencia sino que se erige como una violación flagrante de la Ley de Transparencia. Esta conducta podría acarrear consecuencias severas, incluyendo la destitución del Director del Servicio Canario de la Salud y la prohibición de ocupar cargos de alta dirección por hasta tres años, un recordatorio firme de las obligaciones que pesan sobre los gestores públicos.
Ante este escenario de desgobierno y opacidad, la Asociación de Inspectores de Salud Pública ha decidido no quedarse de brazos cruzados. Con un compromiso inquebrantable por restablecer la transparencia, han decidido llevar la lucha a los Tribunales de Justicia. Este paso no solo busca arrojar luz sobre las sombras que envuelven al Servicio Canario de Salud sino también reivindicar el derecho a una gestión pública clara, responsable y, sobre todo, transparente
La respuesta, o mejor dicho, la ausencia de ella, ha desvelado una desconcertante realidad: el Servicio Canario de Salud parece vagar en la oscuridad, desconociendo los detalles de su propia estructura interna. Esta flagrante falta de conocimiento interno ha motivado a la asociación a buscar la intervención del Comisionado de Transparencia, una figura clave en la lucha por un acceso libre y claro a la información pública.
Sin embargo, lejos de encontrar soluciones, lo que se ha revelado es un patrón de inercia y silencio administrativo. Pese a las repetidas oportunidades brindadas por el Comisionado de Transparencia para que el Servicio Canario de Salud presentara alegaciones o simplemente cumpliera con su deber de transparencia, la elección ha sido la inacción, un silencio que resuena con fuerza y profundiza la crisis de confianza en su gestión.
La gravedad de esta situación trasciende el ámbito administrativo. La resolución del Comisionado, que subraya la importancia vital de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, pone de manifiesto la paradoja de un organismo incapaz de cumplir con los más básicos requisitos de gestión de su personal, a pesar de estar financiado por el erario público.
La omisión persistente del Servicio Canario de Salud no solo es un desafío a los principios de transparencia sino que se erige como una violación flagrante de la Ley de Transparencia. Esta conducta podría acarrear consecuencias severas, incluyendo la destitución del Director del Servicio Canario de la Salud y la prohibición de ocupar cargos de alta dirección por hasta tres años, un recordatorio firme de las obligaciones que pesan sobre los gestores públicos.
Ante este escenario de desgobierno y opacidad, la Asociación de Inspectores de Salud Pública ha decidido no quedarse de brazos cruzados. Con un compromiso inquebrantable por restablecer la transparencia, han decidido llevar la lucha a los Tribunales de Justicia. Este paso no solo busca arrojar luz sobre las sombras que envuelven al Servicio Canario de Salud sino también reivindicar el derecho a una gestión pública clara, responsable y, sobre todo, transparente
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