Pena de 31 años de prisión para acusados de usar indigentes para comprar electrodomésticos
El Tribunal Supremo ha impuesto 31 años de prisión y el pago de 350.000 euros a siete personas acusadas de utilizar a indigentes en Tenerife para pedir financiación, con documentación falsa a nombre de las víctimas, con el objetivo de adquirir electrodomésticos para su reventa posterior.
Esta trama operó entre 2014 y 2017 y el fallo del Tribunal Supremo ratifica los impuestos por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en 2022 y por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2023 por los delitos continuados de estafa, fraude a la Seguridad Social e integración en grupo criminal.
La acción policial desarticuló una organización que usaba a personas sin recursos, algunos de los cuales estaban en el albergue municipal de la capital tinerfeña, a las que facilitaban documentación falsa para financiar la compra de artículos tecnológicos y electrodomésticos.
Estos a su vez con posterioridad eran vendidos por un precio muy inferior en el mercado de segunda mano, con el fin de garantizar su rápida venta y sin que la deuda original fuera saldada.
Para ello, renovaban a los indigentes el Documento Nacional de Identidad (DNI) en caso de que lo tuvieran caducado o extraviado, les acompañaban a abrir una libreta bancaria en la que domiciliar los cobros y les proporcionaban nóminas falsificadas.
En algunos casos les proporcionaban ropa o dinero para cortarse el pelo, a fin de que tuvieran mejor presencia a la hora de acudir a los distintos establecimientos financieros.
Los encausados, turnándose entre ellos, acudían a los distintos comercios y entidades bancarias entrando algunos con ellos y otros quedándose en el exterior esperando en el coche.
En total se llegaron a contabilizar 47 operaciones de este tipo desde finales de 2014 a principios de 2017 en las que se llegaron a utilizar a 17 personas sin recursos a quienes se les pagaba un máximo de 300 euros y nunca llegaban a pagar lo comprometido, dado que no tenían medios económicos para ello.
La investigación de la Policía Nacional condujo a la identificación de los integrantes de estas organización criminal dedicada a la comisión sistemática de este tipo de estafas.
Varios de ellos ya habían estado implicados en actividades similares años atrás y una vez que se intervino en sus vivienda fue posible encontrar numerosos electrodomésticos y se bloquearon cuentas bancarias.
En sus recursos ante el Supremo los condenados intentaron desmontar la acusación de pertenecer a grupo criminal al asegurar que sólo había existido una mera cooperación o colaboración ocasional en algún aspecto puntual.
A lo que el TS responde que “de la lectura íntegra del apartado de hechos probados, la reiterada actuación conjunta en las múltiples concreciones del fraude pergeñado, a lo largo de casi medio centenar concreciones delictivas desarrolladas entre octubre de 2014 y febrero de 2017, resulta harto alejada de una mera colaboración ocasional”.
Esta trama operó entre 2014 y 2017 y el fallo del Tribunal Supremo ratifica los impuestos por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en 2022 y por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2023 por los delitos continuados de estafa, fraude a la Seguridad Social e integración en grupo criminal.
La acción policial desarticuló una organización que usaba a personas sin recursos, algunos de los cuales estaban en el albergue municipal de la capital tinerfeña, a las que facilitaban documentación falsa para financiar la compra de artículos tecnológicos y electrodomésticos.
Estos a su vez con posterioridad eran vendidos por un precio muy inferior en el mercado de segunda mano, con el fin de garantizar su rápida venta y sin que la deuda original fuera saldada.
Para ello, renovaban a los indigentes el Documento Nacional de Identidad (DNI) en caso de que lo tuvieran caducado o extraviado, les acompañaban a abrir una libreta bancaria en la que domiciliar los cobros y les proporcionaban nóminas falsificadas.
En algunos casos les proporcionaban ropa o dinero para cortarse el pelo, a fin de que tuvieran mejor presencia a la hora de acudir a los distintos establecimientos financieros.
Los encausados, turnándose entre ellos, acudían a los distintos comercios y entidades bancarias entrando algunos con ellos y otros quedándose en el exterior esperando en el coche.
En total se llegaron a contabilizar 47 operaciones de este tipo desde finales de 2014 a principios de 2017 en las que se llegaron a utilizar a 17 personas sin recursos a quienes se les pagaba un máximo de 300 euros y nunca llegaban a pagar lo comprometido, dado que no tenían medios económicos para ello.
La investigación de la Policía Nacional condujo a la identificación de los integrantes de estas organización criminal dedicada a la comisión sistemática de este tipo de estafas.
Varios de ellos ya habían estado implicados en actividades similares años atrás y una vez que se intervino en sus vivienda fue posible encontrar numerosos electrodomésticos y se bloquearon cuentas bancarias.
En sus recursos ante el Supremo los condenados intentaron desmontar la acusación de pertenecer a grupo criminal al asegurar que sólo había existido una mera cooperación o colaboración ocasional en algún aspecto puntual.
A lo que el TS responde que “de la lectura íntegra del apartado de hechos probados, la reiterada actuación conjunta en las múltiples concreciones del fraude pergeñado, a lo largo de casi medio centenar concreciones delictivas desarrolladas entre octubre de 2014 y febrero de 2017, resulta harto alejada de una mera colaboración ocasional”.
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