Piden 7,5 años de cárcel a dos empresarios por estafa en la venta de una vivienda
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido siete años y medio de cárcel para dos empresarios, a los que acusa de apropiación indebida y estafa agravada, y para también solicita que devuelvan 16.400 euros al comprador de una vivienda que supuestamente iban a construir en Arafo (Tenerife).
Los dos encausados eran responsables civiles de otras tantas empresas, y uno de ellos, como representante legal y administrador de una de ellas formalizó un contrato privado con una persona que tenía una opción de compra de una vivienda sobre plano en ese municipio.
Los investigados querían construir en un solar 31 viviendas, trasteros y garajes, estipulándose como fecha de entrega dos años, a un precio de unos 104.000 euros por unidad, por lo que se le entregó un avance de 3.000 euros y otros 200 euros mensuales, hasta sumar 16.400.
Los pagos se realizaban en la cuenta de los dos acusados, que formaban parte del mismo grupo empresarial, y a los que se les atribuye haber actuado siendo conscientes de que nunca iban a llevar a cabo la construcción ni terminarla, dado que la licencia estaba caducada.
Por esta razón el Ayuntamiento de Arafo había ordenado la paralización de la obra sin que lo supiera el comprador que por ello seguía ingresando cada mes 200 euros.
Incluso le dieron un nuevo número de cuenta para que continuara aportando este dinero mientras que ellos, “lejos de cumplir con su obligación hicieron suyas las cantidades percibidas, sin que exista justificación alguna del destino de las mismas, ni devolución de estas total o parcialmente”, indica la Fiscalía.
Los dos encausados eran responsables civiles de otras tantas empresas, y uno de ellos, como representante legal y administrador de una de ellas formalizó un contrato privado con una persona que tenía una opción de compra de una vivienda sobre plano en ese municipio.
Los investigados querían construir en un solar 31 viviendas, trasteros y garajes, estipulándose como fecha de entrega dos años, a un precio de unos 104.000 euros por unidad, por lo que se le entregó un avance de 3.000 euros y otros 200 euros mensuales, hasta sumar 16.400.
Los pagos se realizaban en la cuenta de los dos acusados, que formaban parte del mismo grupo empresarial, y a los que se les atribuye haber actuado siendo conscientes de que nunca iban a llevar a cabo la construcción ni terminarla, dado que la licencia estaba caducada.
Por esta razón el Ayuntamiento de Arafo había ordenado la paralización de la obra sin que lo supiera el comprador que por ello seguía ingresando cada mes 200 euros.
Incluso le dieron un nuevo número de cuenta para que continuara aportando este dinero mientras que ellos, “lejos de cumplir con su obligación hicieron suyas las cantidades percibidas, sin que exista justificación alguna del destino de las mismas, ni devolución de estas total o parcialmente”, indica la Fiscalía.
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