La Fiscalía pide 8 años de cárcel por pedir créditos por 461.000 euros a nombre de otros
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de prisión de 8 años a un hombre que será juzgado la próxima semana acusado de un delito continuado de estafa agravada y de falsedad documental mercantil, así como dos de apropiación indebida, por pedir 461.000 euros en créditos a nombre de otras personas.
El procesado trabajaba en un establecimiento situado en Arafo, donde ejercía labores de venta de vehículos, administración y gestión de financiaciones, y por esta vía, según la acusación, consiguió suscribir préstamos a tres entidades que generaron deudas por valor de 256.500 euros.
De esta cantidad, fueron abonados unos 4.000 euros y en una ocasión uno de los estafados le hizo llegar 6.000 euros para cancelar la deuda, pero no lo hizo, de acuerdo con la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal pide que el acusado indemnice a las entidades financieras y a los denunciantes en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, más los intereses.
Los hechos salieron a la luz cuando una de las afectadas presentó una denuncia al constatar la existencia de un contrato de préstamo a su nombre que no había sido consentido ni firmado por ella.
Al principio dirigió sus sospechas a la pareja de la hija del investigado aunque luego éste quedó descartado.
Mientras, el encausado siguió realizando este tipo de operaciones sin conocimiento ni consentimiento de los afectados de quienes obtenía los datos gracias al puesto que ostentaba en la empresa concesionaria, según la Fiscalía.
El otro hombre que estuvo bajo sospecha demostró que su relación con el imputado era comercial y se circunscribía a ocasiones concretas en las que las diferentes mercantiles se dirigían a él debido al catálogo de vehículos que ofertaban cada uno.
El procesado trabajaba en un establecimiento situado en Arafo, donde ejercía labores de venta de vehículos, administración y gestión de financiaciones, y por esta vía, según la acusación, consiguió suscribir préstamos a tres entidades que generaron deudas por valor de 256.500 euros.
De esta cantidad, fueron abonados unos 4.000 euros y en una ocasión uno de los estafados le hizo llegar 6.000 euros para cancelar la deuda, pero no lo hizo, de acuerdo con la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal pide que el acusado indemnice a las entidades financieras y a los denunciantes en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, más los intereses.
Los hechos salieron a la luz cuando una de las afectadas presentó una denuncia al constatar la existencia de un contrato de préstamo a su nombre que no había sido consentido ni firmado por ella.
Al principio dirigió sus sospechas a la pareja de la hija del investigado aunque luego éste quedó descartado.
Mientras, el encausado siguió realizando este tipo de operaciones sin conocimiento ni consentimiento de los afectados de quienes obtenía los datos gracias al puesto que ostentaba en la empresa concesionaria, según la Fiscalía.
El otro hombre que estuvo bajo sospecha demostró que su relación con el imputado era comercial y se circunscribía a ocasiones concretas en las que las diferentes mercantiles se dirigían a él debido al catálogo de vehículos que ofertaban cada uno.
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