Martes, 23 de Septiembre de 2025

Efe / Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 22 de Mayo de 2024

La Audiencia de Tenerife pide tasar un castaño robado y las pérdidas en venta de castañas

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ha dirigido a un juzgado de Santa Cruz de La Palma para que fije de nuevo el valor de un castaño que fue talado sin permiso del dueño, de otro robado y en qué cantidad puede estimarse el lucro cesante que se habría originado en la venta de castañas durante diez años.



En su momento se celebró en La Palma una vista oral sobre el presunto hurto, entre otras conductas, del que estaban acusados dos jóvenes naturales del municipio de Garafía y Santa Cruz de La Palma que fueron condenados y quienes recurrieron ante la Audiencia Provincial, donde se fijó la responsabilidad civil.

Entonces se calculó que el valor del castaño robado era de 1.701 euros y de 202 euros el que fue hurtado, cifras que no fueron aceptadas por la víctima del robo, quien aportó un primer informe pericial en el que añadió 1.500 euros por el lucro cesante a lo largo de diez años.

La Sala, sin embargo, echa en cara al recurrente que no haya dejado claro cuál es el criterio para fijar estas cantidades que bajo su punto de vista “carecen de una motivación adecuada” y reprocha al juez de instancia que mezcle las valoraciones del juzgado con la que aportó el afectado por el robo.

Anulada esta sentencia, la Audiencia Provincial se pronuncia de nuevo sobre una valoración aportada por el dueño del árbol y encargada a un ingeniero agrícola que calcula en algo más de 2.800 euros el lucro cesante.

La cifra tiene en cuenta de nuevo la pérdida que ha originado y originará durante diez años las castañas que no se podrán vender.

La Audiencia cree que en estos fallos se incurre en el error de mezclar las tasaciones de parte y las encargadas por el juzgado y restan importancia a la que fue elaborada por el ingeniero agrícola, por lo que de nuevo se anula el segundo fallo en lo que corresponde exclusivamente en la fijación de la responsabilidad civil.

Ahora se ordena de nuevo al Juzgado de La Palma que determine con claridad lo que deben pagar y con qué criterios se llega a esa cifra.

 

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